El presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, se pronunció ayer sobre dos de los asuntos más espinosos que el órgano que preside tiene encima de la mesa pendientes de resolución: el recurso contra la Ley del Aborto y el presentado por Sortu para reclamar su legalización. Y lo hizo para anunciar que, sorprendentemente, el tribunal dará prioridad al segundo asunto sobre el primero.
Sala anunció que antes de las elecciones vascas –previstas para la primavera de 2013– habrá una decisión sobre el recurso que Sortu presentó tras su ilegalización por parte del Tribunal Supremo. “A la mayor brevedad posible”, en palabras de Sala en declaraciones a la Cadena SER, llegará esa resolución. Por contra, la sentencia sobre el recurso contra la Ley del Aborto del Gobierno socialista de Zapatero habrá de esperar.
Una maniobra que no deja de sorprender ya que el recurso a la ley Aído fue presentado en junio de 2010, justo un año antes que la apelación de los proetarras para exigir la legalización de su marca electoral. Es doctrina consolidada en el Constitucional que los recursos de amparo se resuelvan por orden de antigüedad, sin atender a los tiempos políticos.
Un aspecto que no es óbice para que sus magistrados, alejándose de cualquier rigor jurídico, tengan prisa para que la denominada izquierda abertzale pueda concurrir a las elecciones al Parlamento vasco bajo las siglas de su penúltima máscara electoral. “Los testaferros de ETA” –en palabras del Supremo– cuentan con serias posibilidades de obtener un holgado resultado en los comicios de 2013, y el Constitucional pretende allanar ese camino. Fuentes del Gobierno no se pronuncian definitivamente sobre la sentencia del Constitucional, aunque algunas fuentes anticipan que Sortu será legalizada. En todo caso, el pronunciamiento en favor de dar cobertura legal a Sortu sería el último pago del actual tribunal a la estrategia del PSOE para que el brazo político de ETA se siente en las instituciones.
El antecedente es la decisión que adoptó el tribunal garantista en el caso de Bildu. La coalición electoral con la que los radicales acudieron a las elecciones de mayo lo hizo amparada en la resolución del 5 de mayo de 2011. Entonces, el Pleno revocó la anulación de las listas de Bildu por un estrecho margen de seis votos a favor y cinco en contra. Los magistrados del denominado ala progresista dieron el beneplácito a la legalización, mientras que el sector conservador, junto a Manuel Aragón, se opuso.
Ahora, con el Tribunal en la misma situación –siete magistrados progresistas y cuatro conservadores– se repetiría el esquema.
El Constitucional, cuyo Pleno se reunió ayer en el Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz para homenajear la Carta Magna de 1812, tiene una plaza sin cubrir desde el fallecimiento del magistrado Roberto García Calvo en 2008 y está aún pendiente de renovación la cuota que ha de nombrar el Congreso de los Diputados. Precisamente este lunes, durante los actos del bicentenario de la Pepa en Cádiz, Sala instó a los diputados a “no demorar más” ese recambio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario